En los últimos años, México ha robustecido de manera significativa su marco jurídico en materia de transparencia corporativa y prevención de lavado de dinero. A través de reformas clave como la de julio de 2025, el foco regulatorio se ha trasladado de los socios formales hacia la persona física que verdaderamente ejerce el control o se beneficia económicamente de una entidad. Con la reducción del umbral de participación accionaria del 50% al 25% y la creación del Registro Único de Beneficiarios Controladores (RUBC), las empresas mexicanas enfrentan la estricta obligación de implementar programas profundos de cumplimiento normativo y debida diligencia. Asimismo, se han ajustado las reglas para activos virtuales y se han ampliado las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro de los procedimientos penales.
Revista Audacia corporativa Fiscal 94
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A N D R E A R A M O S R E N D Ó N
Licenciada en Derecho
Maestrante en Derecho Fiscal
Directora del Área jurídica de Estrategia Legal Normativa S.C
Abogada postulante con registro en el TFJA